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  • Belen Diaz

EL CONCURSO EXPRES versus PYMES y COVID 19

Desde MARQUEZ & ARTIGUES ABOGADOS, pretendemos dar ese punto de apoyo a aquéllos empresarios que habiendo sido capaces de crear riqueza para el conjunto de la sociedad, puedan en el futuro volver a emprender.

La situación de insolvencia que presumiblemente generará la crisis del Covid-19 en la pequeña y mediana empresa, requiere de respuestas legales eficaces y la actual Ley Concursal, permite articular mecanismos de disolución exprés de sociedades insolventes por causa objetivas, sin que ello suponga un estigma o punto final a la iniciativa empresarial futura de quien ha demostrado ser un buen empresario.


Cuando una empresa es insolvente y no puede hacer frente al pago de sus obligaciones de manera generalizada, está obligada presentar CONCURSO DE ACREEDORES, de lo contrario, además de incurrir en responsabilidad, estaría expuesto a que un acreedor pueda instar un concurso necesario a su empresa.

Tomando en consideración la figura prevista del artículo 176 bis.4 de la Ley Concursal, aquéllas empresas carentes de activos realizables podrán articular el conocido como concurso de acreedores exprés que se declara y concluye en el mismo acto por insuficiencia de bienes de la empresa. No se nombra a un Administrador Concursal, la empresa se extingue de manera inmediata y tiene los mismos efectos que un concurso de acreedores ordinario, y  se acuerda de oficio por el Juez de lo Mercantil que decidirá, a la vista de la información aportada, si procede activar este procedimiento excepcional.

Este tipo de CONCURSO EXPRES, será válido para todas aquellas empresas que estando en situación de insolvencia carezcan de patrimonio, o de tenerlo sea residual a efectos de liquidación,  y ello, porque precisamente la inexistencia de esos bienes o su escaso valor, hacen que sea innecesario un procedimiento concursal común o normal, ya que es previsible que los gastos propios del concurso (tasas, Administrador Concursal, etc.) no puedan ser atendidos.

         Con la tramitación de este tipo de procedimiento, se evita que el empresario incurre en RESPONSABIILDAD POR INSOLVENCIA, cumpliendo con la obligación legal de declarar concurso de acreedores, además se agiliza el propio procedimiento de insolvencia ya que se evita el típico procedimiento largo que tiene lógica para aquellas empresas que tienen estructura patrimonial pero no para lo que carecen de la misma, y se facilita el que los empresarios puedan volver a ser de nuevo empresarios activos y además, se procedería a la paralización de ejecuciones, apremios administrativos o tributarios no pudiendo iniciarse nuevas quedando el devengo de intereses suspendidos, salvo los correspondientes a créditos con garantía real y a los créditos salariales reconocidos.


         Con este procedimiento el EMPRESARIO PODRA INICIAR UNA NUEVA ACTIVIDAD EMPRESARIAL con absoluta normalidad como ocurre cuando se tramita un Concurso de Acreedores ordinario con calificación de Fortuita.

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